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Contexto
La entrada en vigor de los planes de inspección coordinados entre la Autoridad Laboral y la Administración Industrial ha incrementado la presión sobre las empresas del sector químico que operan con sustancias inflamables.
En este escenario, una empresa fabricante de disolventes industriales ubicada en un polígono de Tarragona recibió un requerimiento de la Inspección de Trabajo instándola a acreditar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Real Decreto 681/2003 en materia de atmósferas explosivas.