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Toda empresa que opera con instalaciones industriales asume una responsabilidad legal y técnica que va mucho más allá de que las cosas funcionen bien. La Seguridad Industrial es el conjunto medidas técnicas, normativas y organizativas que las empresas están obligadas a aplicar para reducir los riesgos asociados a sus instalaciones, equipos y procesos.
Una instalación no legalizada, un equipo sin certificación o un proceso sin los controles adecuados puede derivar en accidentes graves, sanciones económicas o la paralización de la actividad. Y lo que es más crítico: puede invalidar el seguro ante un siniestro, justo cuando más se necesita.
En ACTUALIA acompañamos a empresas de todos los sectores en la prevención de riesgos, la legalización de instalaciones y el cumplimiento normativo.
¿No sabes si tus instalaciones están en regla? Solicita un diagnóstico inicial sin compromiso y saldrás de la reunión con un mapa claro de tu situación.
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Gestionar correctamente la documentación técnica y administrativa es una parte esencial del cumplimiento normativo en materia de Seguridad Industrial. En ACTUALIA gestionamos todo este proceso de forma integral para que la empresa pueda centrarse en su actividad con la tranquilidad de tener todo en regla.
El Registro Integrado Industrial, regulado por el Real Decreto 559/2010, es el registro de ámbito estatal donde deben inscribirse las empresas que ejercen actividades industriales en España. En función del tipo de actividad e instalaciones, la inscripción se tramita en la división A o división B del registro.
Cada comunidad autónoma establece sus propios procedimientos administrativos para la legalización de instalaciones industriales. Los trámites, plazos y requisitos documentales pueden variar significativamente según el territorio, tanto si se trata del registro integrado industrial en Cataluña, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha o cualquier otra comunidad autónoma.
Determinadas instalaciones no pueden ponerse en funcionamiento sin la presentación previa de un proyecto técnico elaborado por un técnico competente. En ACTUALIA elaboramos proyectos de instalaciones industriales garantizando el cumplimiento normativo desde el diseño hasta la puesta en marcha
Una vez finalizada la instalación, es necesario emitir el certificado final que acredita que ha sido ejecutada conforme al proyecto técnico y a la normativa vigente. Sin él, la instalación no puede considerarse legalmente en regla y las compañías aseguradoras pueden negarse a cubrir siniestros.
Muchas empresas operan con instalaciones que nunca han pasado por el proceso de legalización obligatorio. En ACTUALIA gestionamos todo este proceso para los siguientes tipos de instalaciones.
Cualquier instalación eléctrica conectada a la red en baja tensión debe cumplir con los requisitos técnicos establecidos por el Real Decreto 842/2002. Dado que prácticamente cualquier empresa dispone de instalación eléctrica, es uno de los trámites de legalización más frecuentes.
Las instalaciones eléctricas con tensión nominal superior a 1 kV están reguladas por el Real Decreto 337/2014, modificado por el Real Decreto 542/2020 y el Real Decreto 145/2023. Es una obligación habitual en sectores con alta demanda energética o instalaciones con centros de transformación propios.
Las instalaciones de alumbrado exterior están reguladas por el Real Decreto 1890/2008, que establece las condiciones técnicas para garantizar la eficiencia energética y minimizar la contaminación lumínica. Afecta a polígonos industriales, aparcamientos y cualquier empresa que disponga de alumbrado exterior propio.
La legalización de sistemas contra incendios viene regulada por el Real Decreto 164/2025, de aplicación obligatoria desde noviembre de 2025, y el Real Decreto 513/2017, que regula el diseño, instalación y mantenimiento de extintores, bocas de incendio, hidrantes y rociadores.
Las empresas que almacenan sustancias peligrosas están obligadas a cumplir con el Real Decreto 656/2017, desarrollado a través de las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ-0 a MIE APQ-10. Entre las más habituales destacan la MIE APQ-6, MIE APQ-7 y MIE APQ-10.
Las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico están reguladas por el Real Decreto 244/2019 y el Real Decreto-ley 7/2025, que ha simplificado los procedimientos de legalización en el ámbito industrial. Su tramitación puede requerir la inscripción en el Registro RAIPRE y la obtención del Código de Autoconsumo (CAU).
Calderas, depósitos de aire comprimido y otros recipientes a presión están regulados por el Real Decreto 809/2021. Obtener el certificado de instalación es un trámite obligatorio sin el cual no es posible operar legalmente.
El Real Decreto 552/2019 regula las condiciones de seguridad de las instalaciones frigoríficas en función de la potencia y el tipo de refrigerante. Es especialmente relevante para empresas del sector alimentario, hostelero y logístico.
Las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria están reguladas por el RITE, aprobado por el Real Decreto 1027/2007 y actualizado por el Real Decreto 178/2021. Su legalización es obligatoria en instalaciones nuevas, modificadas o ampliadas.
Las instalaciones que utilizan gas natural u otros combustibles gaseosos están reguladas por el Real Decreto 919/2006 y la legislación autonómica correspondiente. Es de especial aplicación en la industria alimentaria, química y manufacturera.
La conformidad normativa y el marcado de productos son requisitos esenciales para que los equipos, máquinas y componentes industriales puedan comercializarse y utilizarse de forma segura en el mercado europeo y en otros mercados internacionales.
Esta área incluye procesos técnicos de evaluación y verificación que aseguran que los productos cumplen con la normativa vigente y los niveles de seguridad exigidos.
El marcado CE es la certificación regulada por la Unión Europea que garantiza que determinados productos cumplen con los requisitos esenciales de calidad, seguridad y protección antes de ser comercializados en el Espacio Económico Europeo. Físicamente se manifiesta como una
etiqueta con las letras ‘CE’ adherida al producto, indicando que ha sido evaluado y cumple las exigencias legales aplicables.
Este marcado es obligatorio únicamente para los productos expresamente regulados por normativas europeas que lo exigen. Cuando un producto que debería llevarlo no lo tiene, las autoridades de los países miembros de la UE pueden imponer sanciones administrativas o incluso penales, desde advertencias hasta multas económicas.
Para demostrar la conformidad con la normativa, se pueden seguir diferentes mecanismos de verificación en función del tipo de producto y su nivel de riesgo:
Para acreditar que un producto cumple con los requisitos exigidos para el marcado CE, es necesario elaborar y conservar la siguiente documentación:
Expediente técnico de diseño: documentación detallada del producto, debe conservarse al menos 10 años y estar disponible para las autoridades competentes.
Manual de instrucciones: documento entregado al usuario con indicaciones de uso, mantenimiento y seguridad.
Declaración UE de Conformidad: declaración formal del fabricante que identifica las directivas aplicables y las normas técnicas utilizadas.
Placa o etiqueta de marcado CE: identificación visible en el producto con sus datos principales.
El marcado CE es obligatorio únicamente para aquellos productos que están expresamente regulados por normativa comunitaria. Existen múltiples categorías de productos industriales que pueden requerirlo, entre los que se encuentran: equipos a presión, calderas, recipientes bajo presión, equipos eléctricos, maquinaria industrial, dispositivos para atmósferas explosivas, estructuras de protección, equipos radioeléctricos o ascensores, entre otros.
Una vez obtenido el marcado CE, es fundamental asegurar que el producto sigue cumpliendo los requisitos de seguridad durante toda su fabricación y vida útil. Para ello, se recomienda implantar medidas de control de producción que incluyan planes periódicos de revisión, registros de control en fábrica y vigilancia continua de cambios normativos que puedan afectar al producto.
ATEX es el acrónimo del francés ATmosphères EXplosibles y hace referencia a cualquier entorno donde puedan formarse mezclas explosivas por la presencia de gases, vapores o polvos inflamables. La normativa ATEX se articula en torno a dos directivas europeas: la Directiva 2014/34/UE, transpuesta en España mediante el Real Decreto 144/2016, que regula los requisitos de los equipos y sistemas de protección destinados a usarse en estas atmósferas; y la Directiva 1999/92/CE, transpuesta por el Real Decreto 681/2003, que establece las medidas mínimas de protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas.
Las zonas de riesgo se clasifican según la probabilidad y duración de la presencia de atmósferas explosivas: Zona 0 (presencia continua), Zona 1 (presencia ocasional) y Zona 2 (presencia poco probable y breve). De forma equivalente se aplican las zonas 20, 21 y 22 para atmósferas de polvo combustible.
La obtención del marcado ATEX puede realizarse mediante autoevaluación del fabricante para equipos de menor peligro, o mediante evaluación por un organismo acreditado para equipos de mayor peligrosidad. El marcado incluye, además del símbolo ATEX junto con el marcado CE, información sobre el grupo y categoría del equipo, y en qué tipo de zonas o atmósferas puede utilizarse con garantías de seguridad.
Toda empresa con zonas clasificadas ATEX está obligada a elaborar un Documento de Protección Contra Explosiones (DPCE o DOPEX), exigido por el Real Decreto 681/2003. Este documento debe recoger la clasificación de áreas según el nivel de riesgo, la identificación de las fuentes de ignición conforme a la norma UNE-EN 1127-1 —siendo las más habituales las chispas eléctricas, las chispas mecánicas, las superficies calientes y la electricidad estática—, las medidas preventivas adoptadas y la planimetría de zonas clasificadas exigida por la ITC-BT-29.
Debe actualizarse cada vez que se produzcan modificaciones relevantes en las instalaciones o los procesos, y se recomienda una revisión periódica cada cinco años. En caso de incidente grave o inspección de un Organismo de Control Autorizado (OCA), las autoridades exigirán este documento para verificar el cumplimiento normativo y determinar responsabilidades.
Los equipos instalados en zonas ATEX deben inspeccionarse conforme a dos normas específicas: la EN 60079-14, que regula el diseño, instalación y verificación inicial de las instalaciones eléctricas en atmósferas explosivas; y la EN 60079-17, que establece la periodicidad y el nivel de detalle de las inspecciones de mantenimiento —visual, cercana y detallada—. El cumplimiento de estas normas está contemplado en la ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y es responsabilidad del titular de la instalación, no de un organismo externo. Disponer de los informes de inspección actualizados es determinante ante aseguradoras, auditorías y, en caso de accidente, para acreditar diligencia y evitar responsabilidad legal.
En ACTUALIA trabajamos de forma estructurada y transparente, acompañando a la empresa en cada fase del proceso hasta que todas sus instalaciones y productos están en regla. Sin sorpresas, sin trámites a medias y sin que el cliente tenga que hacer de intermediario con la administración.
Analizamos la actividad, las instalaciones y los procesos para identificar qué normativa aplica, qué trámites están pendientes y cuáles son las prioridades reales. Este diagnóstico evita que la empresa invierta tiempo y recursos en actuaciones que no corresponden a su situación.
Determinamos con precisión qué reglamentos, directivas y exigencias administrativas afectan a cada instalación o producto. .
Elaboramos todos los proyectos, memorias técnicas, expedientes y certificados necesarios para acreditar el cumplimiento normativo.
Nos encargamos de gestionar todos los trámites administrativos ante los organismos competentes, tanto a nivel estatal como autonómico.
Una vez completado el proceso, obtenemos los certificados oficiales que acreditan que las instalaciones o productos cumplen con la normativa vigente.
Nuestro trabajo no termina con la entrega de la documentación. Cuando la empresa recibe una inspección, el equipo de ACTUALIA está disponible para acompañarla y gestionar cualquier requerimiento que pueda surgir durante el proceso.
Llevamos más de 20 años acompañando a empresas de todos los sectores en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad industrial. No somos un despacho que tramita expedientes: somos el equipo técnico que muchas empresas no tienen internamente, pero necesitan de forma continua.
Contamos con un equipo técnico con formación específica en seguridad industrial, normativa reglamentaria y tramitación administrativa. Cada proyecto es gestionado por profesionales que conocen en profundidad su ámbito y se mantienen actualizados ante los cambios normativos. Expertos en normativa técnica
Haber trabajado con empresas de sectores tan distintos como la industria alimentaria, la logística, la hostelería, la química o la energía nos da una perspectiva que va más allá de la normativa. Conocemos las particularidades operativas de cada actividad.
Desde la auditoría inicial hasta la obtención del certificado final, nos encargamos de todo el proceso. La empresa no tiene que coordinar múltiples proveedores ni preocuparse por los plazos administrativos.
Toda la documentación técnica que elaboramos cumple con los requisitos exigidos por los organismos competentes. Proyectos, memorias, certificados y expedientes se preparan con el rigor necesario para que el proceso de legalización o certificación no se detenga por deficiencias documentales.
Estamos disponibles para resolver dudas, actualizar documentación cuando cambia la normativa y dar seguimiento a cualquier obligación periódica que afecte a las instalaciones.
La seguridad industrial toca múltiples normativas, varios organismos y distintas comunidades autónomas. Muchas empresas acaban coordinando a tres proveedores distintos que no se hablan entre sí.
Para empresas con instalaciones en varios territorios, esto elimina la necesidad de contratar proveedores locales distintos y garantiza que los criterios técnicos y documentales sean coherentes en toda la organización.
Hay proveedores que maximizan el número de certificados que tramitan. Nosotros priorizamos los que realmente son urgentes o críticos para la empresa. Si en el diagnóstico inicial detectamos que algo no aplica o tiene menor urgencia, te lo decimos.
La Seguridad Industrial es el conjunto de medidas técnicas, normativas y organizativas que regulan el diseño, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de equipos e instalaciones industriales para reducir los riesgos asociados a su actividad. En la práctica, implica que las empresas deben tener sus instalaciones legalizadas, con la documentación técnica en regla y los certificados oficiales vigentes. No es solo una obligación legal: una instalación no legalizada puede derivar en sanciones, la invalidación de seguros o la paralización de la actividad.
En términos generales, cualquier empresa que disponga de instalaciones industriales reguladas por reglamentación específica está obligada a cumplirla. Esto incluye desde grandes industrias hasta pequeñas empresas con instalaciones eléctricas, equipos a presión, sistemas de refrigeración, almacenamiento de productos químicos o instalaciones de gas. El hecho de que una empresa sea pequeña no la exime de estas obligaciones.
La única forma de saberlo con certeza es realizar una evaluación técnica de las instalaciones y revisar la documentación asociada. En muchos casos las instalaciones funcionan correctamente, pero carecen de los certificados o proyectos necesarios para acreditar su legalidad, algo que solo se detecta con una revisión detallada.
Depende de la actividad y las características de cada empresa, pero las más habituales son las instalaciones eléctricas, de protección contra incendios, equipos a presión, instalaciones frigoríficas, térmicas, de combustibles gaseosos, petrolíferas y de almacenamiento de productos químicos, entre otras. Cada tipo de instalación está regulado por su propio reglamento y tiene requisitos documentales específicos.
La documentación varía según el tipo de instalación y la normativa aplicable, pero en términos generales incluye proyectos o memorias técnicas, certificados de instalación emitidos por empresas habilitadas, actas de inspección, registros de mantenimiento y, en muchos casos, la inscripción en el Registro Integrado Industrial. Contar con toda esta documentación actualizada es lo que permite demostrar ante cualquier organismo, aseguradora o cliente que se opera dentro de la legalidad.
El Registro Integrado Industrial, regulado por el Real Decreto 559/2010, es el registro estatal donde deben inscribirse las empresas que ejercen actividades industriales en España. La inscripción es obligatoria para empresas establecidas en España o en la UE que operen en territorio español en sectores como la industria alimentaria, energética, sanitaria o la ingeniería, entre otros. La tramitación varía según la división (A o B) que corresponda a la actividad.
No. Aunque la normativa de base es estatal, cada comunidad autónoma tiene sus propios procedimientos administrativos, plazos y requisitos documentales para la legalización de instalaciones. Por ejemplo, los trámites ante Industria en Cataluña, Andalucía o Canarias tienen particularidades que pueden influir en los plazos y en la documentación necesaria. Trabajar con un equipo que conoce estos procedimientos en cada territorio evita retrasos y subsanaciones innecesarias.
Las consecuencias dependen del tipo de instalación y el grado de incumplimiento, pero pueden incluir sanciones administrativas, la obligación de paralizar la actividad hasta regularizar la situación, la invalidación del seguro ante un posible siniestro, e incluso responsabilidades civiles o penales en caso de accidente. Cuanto antes se detecta y regulariza la situación, menor es la exposición al riesgo.
Depende del tipo de instalación, el territorio y la situación de partida. Con la documentación correctamente preparada desde el inicio, muchos procesos pueden resolverse en semanas. Sin embargo, cuando hay deficiencias técnicas que requieren adaptaciones en la instalación, o cuando la administración tiene plazos de respuesta largos, el proceso puede extenderse varios meses. La evaluación inicial permite estimar los plazos reales antes de empezar.
No. El marcado CE es obligatorio únicamente para los productos que están expresamente regulados por normativas europeas que lo exigen. Existen múltiples categorías de productos que requieren este marcado, como equipos a presión, maquinaria industrial, equipos eléctricos o ascensores, entre otros. Si tienes dudas sobre si tu producto o equipo necesita marcado CE, lo más recomendable es realizar una consulta técnica para evitar comercializarlo sin la certificación correcta.
Si tienes instalaciones industriales en funcionamiento y no estás seguro de que estén correctamente legalizadas, con la documentación al día y los certificados vigentes, hay probabilidades de que exista algún incumplimiento. No porque tu empresa lo haga mal, sino porque la normativa es extensa, cambia con frecuencia y afecta a instalaciones que muchas veces se dan por resueltas.
El primer paso es saber dónde estás. Nuestro equipo técnico analiza tu situación, identifica las prioridades reales y te da una propuesta concreta y sin compromisos.
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