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Contexto
La entrada en vigor del Real Decreto 1029/2022 ha incrementado la actividad inspectora en materia de exposición al radón en centros de trabajo situados en municipios de actuación prioritaria
En este contexto, una empresa del sector alimentario con instalaciones en una provincia de Castilla y León recibió un requerimiento de la Inspección de Trabajo instándola a acreditar que había evaluado el riesgo de exposición al radón en sus instalaciones y que los niveles se encontraban por debajo del nivel de referencia de 300 Bq/m³.